Los casos de corrupción siempre son difíciles de digerir y, sobre todo, de gestionar por aquellos partidos que se ven involucrados en el mismo. De acuerdo con que sea complicado esquivar a los corruptos, pero tratar de defenderles y protegerles no debería ser la actitud más apropiada.

El caso Brugal que ha aparecido en Alicante es buena muestra de ello. Frente a la corrupción manifiesta, repiten la cantinela de siempre. Parece que hayan elaborado un manual al respecto de qué pasos ir dando desde que aparece un caso: mostrar absoluta confianza en la inocencia de quien está implicado, acusar de todo a una conspiración socialista-policial, obligar a algún cargo secundario pedir la baja temporal, insistir en la conspiración, mirar para otro lado. Así lo hemos visto con Matas, Fabra, la Gürtel, los espías de Aguirre y ahora no iba a ser menos.

En esta fase de confusión del Brugal, aparece un actor inesperado: el Tribunal Superior de Justicia encabezado por De la Rúa (con una “íntima y sentida relación” con el Camps). Primero, saca una nota para dejar claro que el Juez de Orihuela en ningún momento ha pedido la detención del presidente de la Diputación de Alicante dando cancha a los medios de la derecha para ahondar en la teoría de la conspiración contra el PP. Pero, al poco tiempo, se ve obligado a sacar una segunda nota en la que reconoce que es bastante habitual que sea la policía la que realice los arrestos.

Pero podemos ver una actuación irresponsable más generalizada. Valcárcel, el presidente murciano, no es el único que ha hablado de insumisión frente al Estado. No tenemos que olvidar a Aguirre llamando a la rebelión contra la Ley de Presupuestos que establecía la subida del IVA. Estas situaciones nos llevan más allá de la excusa del conflicto de competencias del que se sirven estas CCAA para, por ejemplo, no aplicar la ley contra el tabaco, desatender a miles de personas dependientes o no apoyar la modernización de la educación con el programa de portátiles.

Hay que recordar, de igual manera, la insistencia del PP en alentar cualquier rumor que atacase la credibilidad económica de España a nivel internacional, comparándonos constantemente con la situación griega.

Importa poco, por tanto, poner en cuestión el Estado de Derecho, las bases de la convivencia o cualquier cosa con tal de rascar un poco de rédito electoral o vete a saber qué otra cosa.

En fin, se ve que a muchos en el PP se les queda corto el patriotismo y se olvidan pronto de él porque lo que realmente les sobra es egocentrismo.

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