Sin querer entrar en detalles y, mucho menos, de dármelas de experto constitucionalista, sí que me ha llamado la atención la amenaza de ciertos sectores minoritarios de médicos ante la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De hecho, periódicos como ABC están muy atentos para dar voz a todo lo que torpedee la capacidad de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Según ABC, el Sindicato Médico de Málaga muestra su apoyo a la creación de un registro de objetoras y objetores por parte del Colegio de Médicos andaluz (contradiciendo a sus colegas de Toledo, a los que también publicita el ABC).

Dice el sindicato malagueño que “nadie puede disponer de la conciencia moral de sus semejantes”. Supongo que habrán tenido un lapsus porque lo que querrán decir es “nadie, salvo la Iglesia católica”. Continúan insistiendo en que “todos los médicos están en su derecho de negarse a colaborar tanto directa como indirectamente en un asunto que su conciencia rechaza” ya que “es un derecho fundamental e individual reconocido en la Constitución Española”. La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de hecho, reconoce el derecho a la objeción para “profesionales sanitarios directamente implicados” en la IVE (Art. 19.2).

No olvidemos que, al amparo de esta objeción, nos encontrábamos casos curiosos con la anterior regulación en la que personas que nada tenían que ver con la IVE en sí como el personal celador, administrativo, de limpieza, auxiliar de clínica… se hacía objetor. Había incluso CCAA (como la Navarra) que parecían reconocer a ciertos edificios el desarrollo de una conciencia propia aceptando que un hospital entero era objetor. Sin consultas ni listados sino por una especie de telepatía entre la misma mole de hormigón y el consejero de sanidad de turno.

Al tiempo, se desarrolló un derecho paralelo a la objeción de conciencia farmacéutica que permitía a boticarios y boticarias no dispensar preservativos ni vender la píldora del día después (que no es abortiva por mucho que desde las fuerzas conservadoras se insista en lo contrario). Ya puestos, hay quienes se creen en el derecho de decidir a quién puedes amar y con quién puedes compartir tu vida diciendo que se niegan a casar a dos personas del mismo sexo. O a decidir qué asignaturas de las obligatorias por ley debe cursar tus hijas e hijos. En estos casos, al menos, ha quedado claro que no cabe objeción.

Lo que más curioso me parece del tema es que se hable con tanta ligereza de que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, cuando un repaso a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos revela que ni el máximo órgano que interpreta la CE lo tiene muy claro. Cierto es que el TC habla de la objeción como un derecho derivado de la libertad ideológica y religiosa del art. 16.1 CE en algunas sentencias, aunque en otras no.

Lo que es evidente es que la única previsión que hace la CE de 1978 respecto a este derecho es que “la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria (Art. 30.2)”. Es decir, se reconoce de manera explícita la objeción de conciencia exclusivamente como causa de exención de la mili.

Contradictorio que algo que tanto indignaba a la derecha en su momento como que “unos peludos” se libraran de sus obligaciones militares para con su país, sea precisamente el clavo ardiendo al que esta misma caverna se está aferrando para impedir la aplicación correcta de una Ley aprobada por el Parlamento.

En todo caso, el debate sobre el derecho a la objeción de conciencia nos desvía del tema central que debe ser que los poderes públicos al fin reconocen por ley la capacidad (la madurez política, dicen algunos) de las mujeres para asumir su salud reproductiva sin depender del criterio de terceras personas. Por tanto, al margen de que haya personal sanitario que objete, estos mismos poderes públicos deben garantizar el acceso a dicha prestación. Esta obligación es, sobre todo, de las comunidades autónomas ya que son las gestoras directas de los hospitales.

Para ello, lo lógico es lo que prevé la ley (y lo que se hace en los países de nuestro entorno): delimitar que la objeción es un derecho que puede ejercer quien interviene directamente en la prestación y que debe hacerlo por escrito y con carácter previo. Este es el modo en el que se asegura que exista siempre un equipo disponible y se eviten casos como el murciano en que su Presidente dice que allí todo el mundo es objetor y punto, como burda excusa para incumplir sus obligaciones institucionales y legales en la región.

Bibiana Aído: sancionaremos a las empresas que mantengan la brecha salarial, que se produce no en el sueldo base, sino en los complementos http://bit.ly/dqfSEj

Que conste que las comillas no son mías sino del teletipo de Europa Press, pero no puede ser más acertado ya que de todos es sabido que estas asociaciones hacen cualquier cosa menos tratar de manera objetiva la interrupción voluntaria del embarazo.

Resulta paradójico que la sede para este Centro de “Defensa de la Vida” se haya escogido Tordesillas, un pueblo hermoso sin lugar a dudas pero más conocido por albergar la salvajada del Toro de la Vega.

En esta teórica defensa de la vida que realizan, me temo que olvidarán explicar porqué razón se muestran contrarios a la Ley de Reproducción Humana Asistida que permite el nacimiento de hijos e hijas a salvo de las enfermedades genéticas de sus padres e, incluso, permiten curar las enfermedades que sí han heredado sus hermanos mayores.

Nos cuenta su preocupación al respecto ya que la considera como una realidad social de las más preocupantes en España pero, a continuación, señala que su auge se debe a “algo más profundo de nuestra sociedad, que es una crisis de valores profunda, una crisis de la familia, un exceso de desestructuración de las familias”.

De este modo, el portavoz de CiU en el Congreso deja en evidencia cómo, cuando interesa, conviene equivocar la visibilidad con la existencia de una realidad. Parece que nos quiere dejar claro que existe una profunda crisis en la familia que ha derivado hacia la violencia de género, dando a entender aquel “cualquier tiempo pasado fue mejor”.

No estaría de más que alguien de su propio partido le explicase que el hecho de que anteriormente los malos tratos se considerasen como algo normal, como algo que debía quedarse de puertas para adentro sólo significaba que muchísimas mujeres vivían esta situación en silencio, tapándolo con maquillaje e incluso culpándose por la situación. Posiblemente, si nos volviéramos a aquellas mismas épocas que añora Durán i Lleida (no sé si se refiere a la etapa de la dictadura nacional-católica de Franco) encontraríamos a muchas más mujeres atemorizadas de las que hoy en día se pueden contabilizar.

Contabilizar, sí. Porque eso es lo positivo que encontramos en esta sociedad que para CiU está inmersa en la falta de valores: hemos visibilizado un problema que ellos trataban de mantener oculto porque oculto no se ve. Por esta razón hay que valorar doblemente los esfuerzos realizados por la Ministra de Igualdad en impulsar a nivel europeo las políticas contra la violencia de género ya que muchos países no saben que tienen un gravísimo problema de derechos humanos como es la violencia de género por el mero hecho de no realizar estadísticas al respecto.

Así que espero que Durán i Lleida no vuelva a equivocar lo que no se ve con lo que no existe. Muchas mujeres se lo agradecerán. Y por suerte, cada vez más hombres.

Atención al último argumento que ha decidido sacar un tal José María Florit de Carranza: ¿qué hacer en el caso de que un hombre adinerado deje embarazada a una mujer pero el hombre muera antes del parto sin otros descendientes o ascendientes y a la mujer se le pase por la cabeza interrumpir el embarazo para quedarse con toda la herencia?

Toma ya.

El artículo podéis leerlo aquí.

El Cádiz CF saca tarjeta roja al maltratador, que los de Cádiz somos así de buena gente.

Ahora sólo queda que se decidan a permanecer en la segunda división y no bajen.

La lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un empeño en el que ningún esfuerzo debe ser ignorado. Es una tarea demasiado importante como para que andemos poniendo piedras constantemente en el camino.

En esa misma resistencia heredada del machismo tradicional es el que demuestra la necesidad de seguir sumando hombros que empujen hacia esa igualdad.

Hoy leo en La Razón un titular que habla de las “Víctimas invisibles de la Ley de Igualdad“, refiriéndose al maltrato a menores. Pero ¿alguien puede explicarme porqué una Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres debe contemplar el maltrato de niñas y niños? Ya estamos demasiado acostumbrados a que cualquier paso que se desee dar hacia la igualdad sea torpedeado desde la derecha más rancia (¡y la no tan rancia! que es peor), que las propuestas del Ministerio sean tergiversadas y atacadas sin piedad, que la propia ministra sea día sí y día también ridiculizada en editoriales, tertulias de radio y programas de televisión.

Pero ¿qué necesidad tienen en La Razón de atacar la Ley de Igualdad acusándola de invisibilizar un problema que no le corresponde tratar?

Sería un memorable ejercicio de responsabilidad que se dejara de confundir, de manipular sobre la labor que desde el PSOE se está haciendo para alcanzar la igualdad efectiva. Pero hay personas que se ve que tienen la prepotencia machista imprimida a fuego lo que parece provocar que los avances en materia de género no les excite las neuronas y la racionalidad, sino que les provoque reacciones instintivas de quinceañero calenturiento e inmaduro.

En el momento que las personas consiguieran poner a funcionar el cerebro en lugar de agredir visceralmente, podríamos entrar en una política que fuera más allá  del escupitajo, una política más constructiva que impulsara mejoras y correcciones a las iniciativas socialistas en esta materia.

Un buen paso -reitero, memorable- sería que no se mezclase tendenciosamente la Ley de Igualdad con el maltrato a menores.