Creo q vuelvo al mundo 1.0 a leer el libro que tengo entre manos, q está demasiado lleno de signos de admiración, pero es lo q me toca #

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Sin querer entrar en detalles y, mucho menos, de dármelas de experto constitucionalista, sí que me ha llamado la atención la amenaza de ciertos sectores minoritarios de médicos ante la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De hecho, periódicos como ABC están muy atentos para dar voz a todo lo que torpedee la capacidad de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Según ABC, el Sindicato Médico de Málaga muestra su apoyo a la creación de un registro de objetoras y objetores por parte del Colegio de Médicos andaluz (contradiciendo a sus colegas de Toledo, a los que también publicita el ABC).

Dice el sindicato malagueño que “nadie puede disponer de la conciencia moral de sus semejantes”. Supongo que habrán tenido un lapsus porque lo que querrán decir es “nadie, salvo la Iglesia católica”. Continúan insistiendo en que “todos los médicos están en su derecho de negarse a colaborar tanto directa como indirectamente en un asunto que su conciencia rechaza” ya que “es un derecho fundamental e individual reconocido en la Constitución Española”. La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de hecho, reconoce el derecho a la objeción para “profesionales sanitarios directamente implicados” en la IVE (Art. 19.2).

No olvidemos que, al amparo de esta objeción, nos encontrábamos casos curiosos con la anterior regulación en la que personas que nada tenían que ver con la IVE en sí como el personal celador, administrativo, de limpieza, auxiliar de clínica… se hacía objetor. Había incluso CCAA (como la Navarra) que parecían reconocer a ciertos edificios el desarrollo de una conciencia propia aceptando que un hospital entero era objetor. Sin consultas ni listados sino por una especie de telepatía entre la misma mole de hormigón y el consejero de sanidad de turno.

Al tiempo, se desarrolló un derecho paralelo a la objeción de conciencia farmacéutica que permitía a boticarios y boticarias no dispensar preservativos ni vender la píldora del día después (que no es abortiva por mucho que desde las fuerzas conservadoras se insista en lo contrario). Ya puestos, hay quienes se creen en el derecho de decidir a quién puedes amar y con quién puedes compartir tu vida diciendo que se niegan a casar a dos personas del mismo sexo. O a decidir qué asignaturas de las obligatorias por ley debe cursar tus hijas e hijos. En estos casos, al menos, ha quedado claro que no cabe objeción.

Lo que más curioso me parece del tema es que se hable con tanta ligereza de que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, cuando un repaso a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos revela que ni el máximo órgano que interpreta la CE lo tiene muy claro. Cierto es que el TC habla de la objeción como un derecho derivado de la libertad ideológica y religiosa del art. 16.1 CE en algunas sentencias, aunque en otras no.

Lo que es evidente es que la única previsión que hace la CE de 1978 respecto a este derecho es que “la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria (Art. 30.2)”. Es decir, se reconoce de manera explícita la objeción de conciencia exclusivamente como causa de exención de la mili.

Contradictorio que algo que tanto indignaba a la derecha en su momento como que “unos peludos” se libraran de sus obligaciones militares para con su país, sea precisamente el clavo ardiendo al que esta misma caverna se está aferrando para impedir la aplicación correcta de una Ley aprobada por el Parlamento.

En todo caso, el debate sobre el derecho a la objeción de conciencia nos desvía del tema central que debe ser que los poderes públicos al fin reconocen por ley la capacidad (la madurez política, dicen algunos) de las mujeres para asumir su salud reproductiva sin depender del criterio de terceras personas. Por tanto, al margen de que haya personal sanitario que objete, estos mismos poderes públicos deben garantizar el acceso a dicha prestación. Esta obligación es, sobre todo, de las comunidades autónomas ya que son las gestoras directas de los hospitales.

Para ello, lo lógico es lo que prevé la ley (y lo que se hace en los países de nuestro entorno): delimitar que la objeción es un derecho que puede ejercer quien interviene directamente en la prestación y que debe hacerlo por escrito y con carácter previo. Este es el modo en el que se asegura que exista siempre un equipo disponible y se eviten casos como el murciano en que su Presidente dice que allí todo el mundo es objetor y punto, como burda excusa para incumplir sus obligaciones institucionales y legales en la región.

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De un vistazo rápido, se ve que el PSOE no está tan sólo como pudiera desprenderse de las declaraciones de otros grupos ya que aprobó 14 de las 15 propuestas. Mientras que el PP continúa teniendo difícil sumar apoyos ya que sólo le aprobaron 6 de sus 15 propuestas. En todo caso, el número de propuestas aprobadas puede indicarnos la mayor o menor facilidad para sumar votos, pero esto sin fijarnos en el contenido en sí nos dice poco. Es normal que la propuesta del PP de que las reformas que afecten al Estado del Bienestar deban involucrar a los partidos políticos y agentes sociales ya que poca gente se puede mostrar contraria a esto. Entraba dentro de lo asumible la resolución de ERC para aprobar una Ley de Acceso a la Información Pública, ya que es una exigencia europea y, de hecho, ya anunció el propio Gobierno su puesta en marcha. O la petición de Coalición Canaria de comprar un escáner de inspección portuaria para el Puerto de Santa Cruz de Tenerife que desencaja el esquema de “estado de la nación” pero que le pone fácil al Gobierno sumar el apoyo de ese partido.

Pero dos eran los temas principales que ocupaban la atención: el Estatut y las pensiones. Sobre lo primero, la Cámara no se pronunció ni en uno ni en otro sentido. Salieron derrotadas las propuestas de UPD y PP muy críticas con el Gobierno y a favor de lo dicho por el Tribunal Constitucional. Salieron derrotadas igualmente las que se presentaron por parte de CiU, ERC y PNV en las que se criticaba la sentencia y se exigía mayor autogobierno o la autodeterminación. Tampoco se aprobó la del PSOE, equidistante en el respeto a la sentencia y a recuperar lo posible mediante otros instrumentos.

Sin embargo, una de las resoluciones que salió adelante (de CiU) sí que exigía aprobar la reforma de la Ley del Poder Judicial para poner en marcha lo previsto en materia judicial que fue declarado inconstitucional en el Estatut catalán, pero que siguen vigentes en el de Andalucía.

La resolución del Pacto de Toledo hecha por todos los grupos de la oposición nos hace ver que la reforma del sistema de las pensiones no es una quimera y que anda más cerca de lo que se pudiera desprender de las declaraciones de algunos. De hecho, el PP y otros grupos insistieron en que la enmienda presentada no descartara la reforma sino que simplemente se realice en el marco de la Comisión parlamentaria destinada a ello.

En cuanto a medidas contra la crisis, la lectura de los textos registrados por el PP no despejan muchas dudas sobre su programa económico ya que insisten en la reducción de los ingresos del Estado con las rebajas de impuestos a las empresas que se pretende compensar con la mejora de la lucha contra el fraude y la reestructuración de las AAPP a fin de evitar “solapamientos” entre ellas sin definir el modo.

CiU concreta algo más pero de sus propuestas cabe destacar lo dicho en materia laboral algo en lo que el PP no dice nada por el momento. Pese a no haber sido aprobada, esta propuesta permite prever las enmiendas que habría que añadir para sumar sus votos a la ley que se está debatiendo sobre la reforma del mercado de trabajo. Destacan tres asuntos:

• revisión de la negociación colectiva que permita una mejor adaptación a las pequeñas y medianas empresas y una mayor vinculación de los salarios con la productividad.
• reforma de la normativa que regula el pago de prestaciones por desempleo, a aplicar a partir del momento que el empleo inicie un proceso de recuperación, para introducir una mayor vinculación entre la percepción de estas prestaciones -contributivas y subsidios-, las políticas activas de empleo y la aceptación de una oferta de trabajo.
• bonificación en un 100%, por un período de 2 años, las cotizaciones a la seguridad social que pagan las empresas para todo puesto de trabajo que suponga creación neta de empleo para la empresa contratante.

Sobre el resto, las resoluciones aprobadas siguen en la línea de mejorar, promover, potenciar, fomentar, desarrollar, continuar, modernizar… las políticas en los distintos sectores económicos, desde la política energética hasta la de infraestructuras, pasando por la atención a la dependencia, la educación, el Tercer Sector, la reindustrialización, I+D o turismo concretando pocas medidas.

En cuanto a lo previsto en la negociación sobre Presupuestos, vimos un par de asaltos que prevén que será un camino complicado. El PSOE prefirió no apoyar casi ninguna de las propuestas del PNV tras el anuncio de éste de que iba a votar en contra del techo de gasto. Está por ver cuánto se tensa la cuerda.